FORMOSA
COMUNIDADES INDIGENAS DE COLONIA “
CON TODO EL PESO DE
En
la mañana del 23 de noviembre de 2010 policías de la provincia de Formosa, comandados
por el Comisario Ricardo Cajes, llevaron adelante una constatación judicial que
se realizó en un campo ubicado a la vera de
El plan judicial/policial
El juez Julio Raúl Mauriño libró dos órdenes de allanamientos en el Expte. 90/10, que fueron claves para ejecutar el plan que se trazó en el terreno político y que luego se ejecutó a través de los brazos judicial y policial del régimen de Gildo Insfran.
El
objetivo aparente se orientó a desalojar a los ocupantes del campo ubicado a la
vera de
En el lugar se hizo una extraordinaria demostración de fuerza. Fueron más de cien efectivos policiales los que intervinieron, con varios móviles, dos de los cuales funcionaron como ambulancias, lo que permite entender que los responsables del plan se representaron que se podían producir heridos y muertes.
La salvaje actuación policial
El grupo policial, fuertemente armado, actuó con extrema violencia y de manera sistemática. Es evidente que entrenaron al personal con antelación a que se llevara adelante el procedimiento. Se manifestaban tensos y rabiosos. Portaban armas largas, armas reglamentarias, escudos y otros pertrechos típicos de los escuadrones que actúan ante manifestaciones violentas. Se sumó un plus de incitación por parte del personal policial frente a quienes participaban de la protesta y de la ocupación. En vez de persuadir a los manifestantes para que se retiraran del lugar, generaron las condiciones más propicias para que se produjera un enfrentamiento encaminado a doblegar por la fuerza a quienes reclamaban.
Fue
evidente que la policía recibió la orden de terminar con el corte de ruta, a
cualquier precio, porque era la protesta que mayor molestia producía al poder
político formoseño, que terminó por utilizar al poder judicial para que
recurriera a la violencia policial, tratando de brindar una apariencia de
legalidad a la decisión política que ya se había tomado de reprimir la protesta
social legítimamente encarada por las comunidades indígenas de “
El por qué de la apelación ante
La defensa legal de los integrantes de la
comunidad indígena de
Para dictar su sentencia, Valiente se valió de vulgares mentiras incorporadas a la causa a través de los testimonios de los policías. De esa manera, el referido juez de Insfran impidió la intervención de la justicia federal. Paralelamente, el fiscal federal que intervino en el trámite sostuvo que los hechos se produjeron en un campo privado de la familia Celias, con lo cual se recurrió a una nueva mendacidad para legitimar un pronunciamiento totalmente arbitrario; este desopilante funcionario judicial señaló que se habrían dejado armas de fuego pertenecientes a la policía provincial, elementos que nunca aparecieron ni se comprobaron que efectivamente fueran despojados.
Sin embargo, las evidencias existentes en la
causa desvirtúan la resolución dictada por Valiente dado que en el Expte. 1157/10 las pruebas acreditan que los hechos se desarrollaron en
La importancia de la audiencia del 05 de abril
La audiencia servirá para mantener y destacar los motivos por los cuales la defensa apeló el insólito fallo del juez Valiente. Se destacará, entre otros aspectos, que la represión policial pudo haberse evitado, tal cual lo reconoció el Secretario del Juzgado de Instrucción Nº 1 Dr. Pablo Marcelo Dephilippis, quién afirmó que existían por lo menos dos caminos para ir al predio supuestamente usurpado; sin embargo, la policía evitó transitar por los caminos alternativos y provocó los enfrentamientos, mientras gendarmería nacional, responsable de preservar la seguridad en la zona, nada hizo para contener y evitar la represión policial. Finalmente, los gendarmes redactaron un informe absolutamente falso, luego utilizado por Valiente para negar la competencia de la justicia federal. De esta manera se ponían en evidencia las complicidades con punto de referencia en el poder político de Formosa.
Las grandes dudas sobre
Es indispensable que reclamemos la intervención de una justicia federal independiente, puesto que en Formosa no existe división de poderes, ni estado de derecho. Todo depende de la voluntad política del gobernador, que se ha enquistado en el poder desde hace muchos años y que evidentemente desea perpetuarse a través de sucesivas elecciones con apariencia democrática.
La justicia formoseña recibe instrucciones
directas de Gildo Insfrán. Por lo tanto, la investigación que efectúa el Juzgado
de Instrucción de Clorinda se orienta a lograr impunidad para el poder político
de Formosa, para el juez que ordenó la medida y para el personal policial que
efectivamente participó en la salvaje represión de la comunidad indígena de “
Resistencia, Lunes 4 de Abril de 2011.